UN PATRÓN SISTEMÁTICO DE IMPUNIDAD
Agencia La Oreja Que Piensa.
Las 115 muertes campesinas registradas en el Informe Chokokue se distribuyen a los largo de casi 25 años describiendo un movimiento cíclico, con picos que se alcanzan con una regularidad de aproximadamente cada cinco años.
Todos terminaron impunes, sin que se hayan efectuado investigaciones eficaces y sastifactorias para esclarecer los hechos.
Los 115 casos de ejecuciones arbitrarias registrados, corresponden 91 causas judiciales abiertas (o que debieron haber sido abiertas)en investigación de los hechos.
Los expedientes son menos que las victimas por que hay casos múltiples.
Todos terminaron impunes, sin que hayan efectuado investigaciones eficaces y satifactorias para esclarecer los hechos.
Tres cuartas partes de las ejecuciones (77,4%) se concentra en cinco departamentos. Si no fuera por la masacre de Curuguaty, que posesiona a Canindeyu como la región que ha sufrido más muertes, los principales departamentos donde han ocurridos ejecuciones son San Pedro, Concepción y Caagazu.
La acción de la Policía es una de las principales causas de muerte de los campesinos. Una de cada tres ejecuciones arbitrarias (31%) corresponde la violencia letal de la Policía o la muerte bajo custodia.
Las muertes se dan en su mayoría a través de disparos de armas de fuego y acciones relacionadas al exceso en el uso de la fuerza policial durante sus acciones.
Sn embargo, el principal victimario son las bandas para policiales que dan cuenta de dos terceras partes de las ejecuciones.
Estas ejecuciones se relacionan principalmente con luchas de disputa territorial con terratenientes, acciones reivindicativas y de denuncia contra los atropellos como fumigaciones y expansión de cultivos.
Se caracterizan por ser ataques de guardias de estancias colindantes así como emboscadas a campesinos en regiones cercanas a asentamientos y comunidades.
Víctimas
Rigoberto Algarín Sotelo
39 años. Asesinado el 11 de mayo de 1992
Asentamiento Ka’aguy Porá, Naranjal, Alto Paraná.
Rigoberto Algarín era dirigente de base de la Asociación de Agricultores del Alto Paraná (ASAGRAPA) y presidente de una comisión vecinal de sin tierras que sostenía una ocupación y el trámite administrativo para la expropiación de un inmueble rural de 1.314 hectáreas no explotadas.
Fue asesinado por pistoleros que presuntamente habían sido contratados por el dueño de las tierras ocupadas por la comisión de la que Algarin era dirigente. El expediente del caso fue enviado al archivo en el año 2001 y actualmente está perdido.
Danilson Duarte Acosta
+11 años.11 de julo 2011
Danilson Duarte vivía con sus padres y sus hermanos en el Asentamiento 11 de mayo, base organizada de la Federaron Nacional Campesina (FNC).
Fue ejecutado por el guardia para policial Julio Antonio Da Rosa, que trabajaba como sicario para el establecimiento ganadero “La Condesa”, propiedad del terrateniente José Forteza.
Danilson había ido de pesca con un grupo de vecinos, en total cuatro niños y tres adultos, a orillas del arroyo Jakaré’y, linde entre el asentamiento y la ganadera.
El grupo de pescadores fue atacado por una banda para policial en la que también participaba el suboficial de la policía Julio Segovia.
La CODEHUPY en alianza con la FNC planteó una querella adhesiva en esta causa y llevaron a juicio oral al para policial . Da Rosa fue condenado a doce años de prisión. Los otros integrantes de la banda, el policía y el dueño de la estancia, sin embargo, quedaron impunes.
Dejo a sus padres y a seis hermanos.
Vidal Vega. 46 años.
+1° de diciembre de 2012. Yvypyta. Curuguaty (Canindeyu)
Vidal Vega era secretario de la Comisión Sin Tierra Naranjaty, también formaba parte de la CNOCIP. El día de la masacre, Vidal no se encontraba en la ocupación de Curuguary. En años anteriores haba sido presidente de la comisión, estuvo detenido y se encontraba procesado por invasión de inmueble por anteriores ocupaciones.
El era quien llevaba la memora de los trámites legales para la recuperación de la tierra y era el dirigente que sostenía la continuidad de la lucha luego de la masacre.
Fue asesinado por un sicario en la puerta de su casa, una mañana seis meses después de la masacre.
La causa se encuentra elevada a juicio oral y público, existiendo un supuesto sicario acusado por homicidio doloso en el caso.
Dejo a su compañera y a sus cuatro hijos.
Carlos Robles Correa
26 años.
+21 de enero de 2004.
Colonias 3 de Noviembre y Chacoré. Repatriación (Caaguazu)
Carlos Robles y Maximiliano Arzamendia militaban como activistas de base en una asociaron de productores que forma parte de la Organización Campesina de Agricultores de Repatriación (OCAR), que a su vez integra la Federación Nacional Campesina (FNC).
Fueron ejecutados cuando agentes de la policía Nacional acribillaron a balazos el camión en el que se desplazaban para llevar solidaridad a los campesinos del asentamiento Juliana Fleitas.
Además de los dos fallecidos, hubo ocho heridos graves sobrevivientes.
El operativo represivo estuvo dirigido por el agente fiscal Ángel Baranda Miltos de Caaguazu y fue el comisario principal DAEP Rogelio Benítez Núñez quien dio expresas órdenes para disparar.
El comisario fue oficial en el centro de detención ilegal y torturas de la Comisaria 3° durante el stronismo.
Eulalio Blanco Dominguez
62 años. +5 de enero de 2003.
Colona Andrés Barbero, San Pedro del Yhuamandyju (San Pedro).
Eulalio Blanco era productor de Cedrón Paraguay y pertenecía a la Asociación María Auxiliadora que agrupaba a productores de cedrón.
La asociación contaba con el apoyo de la Coordinadora de Productores Agrícolas-San Pedro Norte (CPA-SPN).
Fue ejecutado por un agente de la policía Nacional durante la represión de la protesta de los cedroneros contra el gobierno en el 2003, cuando demandaban el cumplimiento de acuerdos relacionados a subsidios al sector.
En esa represión, fueron heridos con disparos de arma de fuego otros dieciséis manifestantes.
Los casos más graves fueron los de Blanca Benítez Sanabria, Luis Alberto Giménez y quien recibió un disparo de arma de fuego (con proyectil presumiblemente de plomo) a la altura del abdomen y Patrocinio Ramón Amaral.
El caso se mantuvo en la impunidad porque la fiscalía no lo investigó debidamente. Pero en el año 2012, a instancia de una denuncia planteada por la CODEHUPY y la organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), el estado paraguayo fue condenado por el Comité de Derechos Humanos por este caso.
Dejo una esposa y siete hijos.
Abrahan Sánchez Gayoso
18 años. +2 de septiembre 2009. Urunde’y, Unión. San Pedro
Abrahan Sanchez era sin tierra. Vivía con sus padres y hermanos en una pequeña fracción de tres hectáreas.
Buscando un pedazo de tierra propia, se unió a la Coordinadora Sebastían Larroza, que reclamaba unas 252 hectáreas de excedente fiscal que un general de apellido Diarte había alambrado, en la estancia conocida como Diarte Kue, en Unión.
Fue ejecutado por parapoliciales al servicio de la empresa cuando se encontraba cerca del linde de la propiedad reclamada. El caso quedó impune porque todos los parapoliciales fueron sobreseídos por falta de pruebas.
Dejó a sus padres y ocho hermanos.
Víctor Díaz Paredes
24 años. +6 de octubre de 2002.
Asentamiento Isidro Gómez Benítez.
San Rafael del Paraná (Itapúa)
Víctor Díaz Paredes era oriundo del departamento de Caagazu. Por falta de tierras, emigro a Itapuá con su hermano.
Allí se unió a una comisión vecinal de sin tierras integrantes de la Coordinación Regional de Agricultores de Itapuá (CRAI) que reclamaba la expropiación de una tierra de propiedad de la empresa Agricola Comercial e Industrial S.A. (A C I F S A) perteneciente al sojero brasileño Aldo Bortolni.
Los campesinos iniciaron la ocuparon en el año 2000 y la bautizaron “asentamiento Isidro Gómez Benítez” en recordación del simpatizante de la CRAI ejecutado en 1995 en un conflicto por el derecho a la tierra que implico al mismo propietario.
Durante el conflicto los campesinos fueron desalojados en cinco oportunidades. Víctor Díaz Paredes hacía cinco meses que se había unido a la Organización cuando fue ejecutado por agentes de la agrupación Ecológica y Rural (APER) de la Policía Nacional, que lo detuvieron y dispararon a quemarropa dentro del predio ocupado.
El hecho nunca fue investigado por la fiscalía.
(*)Informe Chokokue 1989-2013 elaborado por CODEHUPY (*)