SE LANZA EN COLOMBIA LA CONSULTA POPULAR POR LA PAZ

Agencia La Oreja Que Piensa. Mayo 2012 (Por Sergio Ferrari (*)
Numerosas organizaciones indígenas y campesinas del sureño departamento del Cauca lanzarán este viernes 11 de mayo una nueva propuesta para la resolución del conflicto: la Consulta Popular por la Paz. Esta iniciativa busca que se haga realidad el derecho constitucional a la paz”. Y que se mandate que la paz y la forma de construirla sean consideradas como un asunto de todas y todos los colombianos según explican algunos de los promotores.
Los promotores de la Consulta Popular exigen que se reconozca el derecho a realizar “diálogos regionales de paz” que involucren a los actores armados y a la población civil, como medio de ir avanzando en iniciativas humanitarias que permitan resolver ciertos problemas cotidianos que son muy graves en diferentes zonas.
La voz de los pueblos indígenas y campesinos
“Porque la vida es sagrada, la paz la construimos los pueblos”, es la consigna que convoca la movilización ciudadana del 8 al 11 de mayo en el Departamento del Cauca.
Entre los convocantes se encuentran la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), el CRIC (Consejo Regional Indígena, el Plan de Vida Integral de Caloto, la COCOCAUCA, las organizaciones campesinas CIMA (del Macizo), ACIT (de Inzá) y del Cajibío, la Red de Alcaldes por la Paz, la Ruta Pacífica de Mujeres y la Red de Iniciativas de Paz desde la Base.
En un documento de convocatorio señalan que “la paz no es asunto exclusivo de los que hacen la guerra. Por lo tanto, la paz es propiedad de todas y todos. La paz nace desde la palabra de los pueblos…está en el poder de la gente”.
Los firmantes hacen un análisis de la difícil situación económico-social que padece la mayoría de la población caucana. Reconocen que la lucha en defensa de sus territorios y sus recursos provoca contradicciones con la práctica/presencia de multinacionales que explotan dichos recursos. Y subrayan la necesidad de rediscutir el modelo actual hegemónico de desarrollo nacional y mundial que no ofrece opciones a los pueblos.
Y anticipan un camino para salir del conflicto: “Queremos consolidar la construcción de nuestros sistemas autónomos, gobiernos y planes de vida (programa de sociedad) para colocarlos como aporte para el resto de la sociedad colombiana en términos de construir una gran agenda nacional de paz”.
En cuanto al objetivo de la actual movilización, consiste en: “visibilizar la agresión sistemática de la guerra en campos y ciudades. Ambientar iniciativas y hechos de paz. Sembrar en el corazón de la población la importancia de construir la paz…
Con la visión de “presentar ante la opinión pública una propuesta de Consulta Popular que nos permita a los colombianos y colombianas decidir y mandatar el derecho y el deber de la paz.

Movilización para lanzar la Consulta
La actividad central y culminante promovida por organizaciones indígenas, campesinas, afro-descendientes, de mujeres y de derechos humanos para lanzar la Consulta Popular por la Paz se realizará el viernes 11 de mayo en la localidad de Villa Rica a 36 kilómetros de Cali. Los organizadores esperan la llegada de varios miles de participantes.
El programa de movilización incluye la Marcha por el Derecho a la Vida, el Territorio y la Paz que se inicio en la ciudad de Caloto, prosigue por Santander de Quilichao y culminará en Villa Rica.
La iniciativa “se impulsa en una de las zonas más afectadas por el conflicto en el departamento del Cauca”, explica Nubia Fernanda Espinosa Moreno, de MINGA, una de las asociaciones nacionales más activas del país.
“La barbarie del conflicto golpea directamente a 16 de los 42 municipios”, analiza Espinosa. Y la más afectada por el mismo es la población civil, en particular los indígenas, afros-descendientes y campesinos, analiza la historiadora de MINGA.
Solo en el norte del Cauca, que es la zona donde trabaja particularmente la ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte), en 2011, a causa de los enfrentamientos armados, fueron asesinados 37 comuneras y comuneros (líderes indígenas); 617 familias fueron desplazadas; 30 menores de edad resultaron heridos; 825 viviendas destruidas. “Situación dramática si se agrega el impacto psicológico de todo esto en las comunidades de la región”, enfatiza Espinosa.
Quien insiste en el tema de fondo en torno al fin del conflicto y la construcción de la paz en el país sudamericano. “El Gobierno ha expresado en diferentes ocasiones que él es el único que tiene la llave para la paz. Nosotros, desde la sociedad civil, pensamos que todas y todos los colombianos tenemos esa llave para la paz”.
Subrayando también en la importancia que varios alcaldes y otras autoridades de primer nivel del Departamento del Cauca adhieren a la propuesta de una Consulta Popular por la Paz, lo que le da mayor peso a la movilización.
Y concluye con una visión integral de la paz “que no significa solamente acallar los fusiles”. Sino que implica una apuesta estratégica con la participación activa de la sociedad civil. Construyéndola desde abajo, cotidianamente. Cambiando las culturas políticas actuales. Resolviendo las causas estructurales que motivaron el inicio del conflicto. Dando respuestas claras a las reivindicaciones sociales y abriendo una nueva era de respeto absoluto de los derechos humanos”, concluye la joven historiadora.

El valor de una iniciativa constitucional
“Es una propuesta trascendente y su impacto dependerá de la cobertura que logre en los medios de comunicación”, explica la psicóloga suiza Dominique Rothen, quien trabaja en la región del Cauca desde hace casi tres años.
Lo más importante de la iniciativa, analiza la joven profesional, es el esfuerzo jurídico que conlleva. Utilizando un instrumento constitucional existente – la Consulta Popular- para lograr que se mandate “que la paz y la forma de construirla sea un asunto de todas y todos y no un monopolio del Gobierno y menos aún una agenda exclusiva de los actores armados”, analiza.
Rothen, quien es cooperante de E-CHANGER, organización suiza de cooperación presente en Colombia, subraya también la enorme oportunidad de este intento en el actual marco institucional.
A veces en Colombia, producto de la inoperancia de ciertas instancias del Estado, “algunas organizaciones ciudadanas desestiman el valor de las iniciativas constitucionales”, explica Rothen.
Sin embargo, “en mi concepción de la democracia participativa, pienso que estos intentos jurídicos, tendientes a que la paz sea realmente considerada, en la práctica, un derecho constitucional, tienen una importancia significativa para la cultura institucional colombiana”, concluye.
(*)Sergio Ferrari, desde Colombia, colaboración de E-CHANGER, ONG suiza de cooperación solidaria presente en Colombia