Agencia La Oreja Que Piensa.
Hace pocos días se cumplieron 22 años de la desaparición de los niños soldados Cristian Ariel Núñez y Marcelino Gómez Paredes. Tenían 14 años cuando fueron reclutados ilegalmente por las Fuerzas Armadas de la Nación. Sus familiares aún reclaman Verdad y Justicia.
Los niños soldados, oriundos de la ciudad de Caaguazú, de la República del Paraguay prestaban el servicio militar obligatorio en el destacamento militar “Gral. Patricio Colmán”, hoy día denominado “Cap. Ceferino Vega Gaona” en Lagerenza – Chaco, de donde desaparecieron el 2 de febrero de 1998.
La versión oficial castrense señalaba que los dos conscriptos fueron a buscar una vaca; estaban bajo el mando del entonces Sub-Teniente Blas Vera y desde ahí nunca más se supo de ellos.
El caso fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y admitido en el 2003. En noviembre del 2009, el Estado reconoció su responsabilidad internacional en la desaparición forzada de los niños soldados mencionados.
El Estado paraguayo y familiares de las víctimas firmaron un Acuerdo de Solución Amistosa, del cual varios puntos ya se han cumplido, así también para preservar la Memoria de los niños, dos calles en la ciudad de Caaguazú llevan sus nombres y se instaló una placa frente al destacamento militar de donde desaparecieron.
Sin embargo, el gobierno paraguayo hasta la fecha aún no ha dado respuesta al Punto Tercero de dicho Acuerdo con respecto a las “Garantías de Justicia,” por el que se encuentra obligado a “Disponer de todas las medidas que estén a su alcance para investigar los hechos y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas en perjuicio de los niños Marcelino Gómez Paredes y Cristian Ariel Núñez”.
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
Sobre este punto, hasta ahora no se han tenido resultados del trabajo del equipo interdisciplinario encargado de la búsqueda, localización e identificación del ADN de los restos de los desaparecidos, en su caso, que fuera prometido por la delegación oficial a las madres ante la mesa de trabajo con la CIDH, que se llevó a cabo en Asunción en mayo de 2017.
Igualmente, entre los puntos del Acuerdo que se encuentra pendiente de cumplimiento se incluye el Punto Quinto sobre “Medidas de asistencia primaria e integral de salud”, el cual establece que “La República del Paraguay se compromete a brindar asistencia médica y psicológica gratuita a los padres de las víctimas y hermanos, así como la provisión de medicamentos para la atención de las afecciones que ellos padecen.
Dicha atención deberá hacerse en el hospital o centro de salud más cercano al domicilio de las víctimas y que ofrezca los servicios y medicación adecuada al tratamiento preciso que se requieran en cada caso”.
Al respecto, SERPAJ Py y CEJIL Argentina (*), han denunciado reiteradamente que familiares de las víctimas del caso no han tenido la asistencia de salud necesaria por parte del Estado y en particular la falta de atención a la señora Deogracia Lugo (Doña Lula), madre de Cristian Ariel Núñez Lugo, quien desde hace tiempo padece de una herida en la pierna que no se puede curar fácilmente sino con un tratamiento continuo por un profesional especializado más los medicamentos requeridos.
La Señora Lula ha debido afrontar de forma personal los costos de su tratamiento, incluyendo la compra de medicamentos y el pago por la asistencia de un profesional para su curación.
Reivindicamos, hacemos nuestra y nos solidarizamos con la incansable lucha de doña Deogracia Lugo y de doña Zulma Paredes, madres de los niños soldados desaparecidos, puesto que con ellas seguiremos reclamando al Estado paraguayo “VERDAD y JUSTICIA”, expresando a su vez: “¡Nunca más niños soldados en los cuarteles!”
(*) Servicio Paz y Justica (SERPAJ) Paraguay y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)