LEY DE MEDIOS: HAGAMOS VALER NUESTRO DERECHO A INFORMAR
Agencia La Oreja Que Piensa. Nov/ 2013. Por Iván Ponce
Tras cuatro años de idas y vueltas, la Corte Suprema de Justicia declaró la plena constitucionalidad de toda la ley de servicios de comunicación audiovisual.
La ley había sido aprobada por el Congreso en 2009 y frenada por el grupo Clarín en todo este tiempo. El multimedio cuestionaba los artículos 41, 45, 48 y 161 que lo obligaba a desinvertir y adecuarse.
Esta ley que tiene como objetivo la regulación de los servicios de comunicación audiovisual, la desconcentración de los monopolios, la fomentación de la competencia y la diversidad y la pluralidad de voces no fue solamente fruto de la acción de un gobierno en particular aunque este ha sido fundamental para su aprobación.
La ley es producto de un amplio proceso de construcción en el cual las carreras universitarias, los trabajadores de la comunicación, las organizaciones sociales y de derechos humanos, pueblos originarios, cooperativas y medios comunitarios entre tantos otros tuvieron una participación esencial desde la vuelta de la democracia.
En primer lugar el estado regula la comunicación para asegurar la competencia y terminar con la ley del más fuerte donde los grupos económicamente más poderosos absorben o eliminan a los más chicos. El estado es el encargado de garantizar la libertad de expresión y no dejar que el mercado se auto regule a sí mismo. Para que la ley sea llevada a cabo con éxito es necesario que el gobierno de turno realice una transparente política de subsidios, que no coloque a los medios públicos para su beneficio y que el AFSCA sea independiente del aparato estatal.
Por su parte los grupos dominantes y en especial los monopolios de la comunicación imponen un freno a la pluralidad informativa a pesar de la gran diversidad de medios que existen porque tienen en sus manos la posibilidad de controlar y manipular la información. De imponer una determinada concepción del mundo y un sentido común conforme a sus intereses. De elaborar nuestros gustos e influir sobre nuestras elecciones. Tienen el poder de ejercer las ideas dominantes de una sociedad haciendo pasar su interés particular como interés general.
La concentración se puede dar a través de que unas pocas empresas manejen muchos medios o a través de que la publicidad sea direccionada a unos pocos multimedios que se sostienen con sus ingresos y a la vez funcionan como voceros de sus anunciantes. También a través del control de las nuevas tecnologías a partir de la cual producen contenidos y como en el caso de la Argentina donde la mayoría de los medios con mayor alcance están en Buenos Aires y desde allí manejan repetidoras en todo el país desfavoreciendo a los medios de otras regiones. La concentración de medios en pocas manos atenta contra nuestra libertad de expresión y nuestro derecho a la información. Es por ello que debemos socializar la comunicación para fortalecer la democracia. La ley de medios no solo afecta al grupo Clarín sino que también a una serie de grupos económicos que deben adecuarse a los límites que impone la ley como Uno Medios, Cadena 3, Telefé y el Grupo Prisa.
`
Si en la actualidad la realidad es construida generalmente desde los medios de comunicación y esos medios están mayoritariamente en manos de empresas necesitamos fortalecer los vínculos entre quienes consideramos la comunicación como un derecho tan importante como la educación, la salud, la tierra, la vivienda, la alimentación o el trabajo digno.
Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa a través de los diversos medios de comunicación respetando el estado de derecho democrático y los derechos humanos.
Mientras los grandes multimedios hablan de libertad de prensa en realidad hablan de libertad de empresa y desean que el estado no se meta en los negocios de quienes ven a la comunicación como algo rentable.
Quienes defendemos la posibilidad de que todas las personas podamos expresarnos libremente sin censura defendemos la libertad de expresión y el derecho a la información y con ello la diversidad y pluralidad de discursos.
El estado debe garantizar que las universidades, las escuelas, los partidos políticos, los medios comunitarios, los sindicatos, las organizaciones sociales y los pueblos originarios entre otros puedan informar a la sociedad sin censura previa. Haciendo especial hincapié en evitar la censura económica brindando subsidios, publicidad o créditos accesibles para poder ejercer nuestro derecho.