El futuro del libro argentino
Agencia La Oreja Que Piensa. 29 de diciembre de 2023. Por Federico Augusto Giménez (*)
Los peligros de la aplicación del leonino DNU y de la aprobación de la ley ómnibus libertaria acechan a mansalva a un sinnúmero de sectores sociales, económicos, culturales y productivos, entre ellos, el mundo del libro. Editoriales y librerías alertan sobre las consecuencias desoladoras para la cultura nacional.
La enérgica reprobación al decretazo y a la ley de “bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, como primeras medidas de Javier Milei al mando de la presidencia, no se hizo esperar: cacerolazos, movilizaciones y detenidos, junto con el paro general convocado por las centrales obreras y movimientos sociales organizados para el 24 de enero, son las primeras respuestas al brutal plan de gobierno libertario.
Las dramáticas consecuencias en el campo de la cultura no resultan para nada menores, sino estratégicas, en el proyecto de liberalización de la Argentina presentado por la alianza encabezada por Mauricio Macri y Javier Milei.
Algunos de los objetivos más serios son la disolución del Fondo Nacional de las Artes y del Instituto Nacional del Teatro, y la derogación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera, entre una extensa cadena de devastadores efectos económicos, laborales, financieros, fiscales, tributarios, jurídicos, civiles, sociales, culturales y políticos, muchos de ellos ya experimentados en la historia argentina.
La cultura nacional en peligro
Tanto el DNU como la ley sintetizan un claro y transparente mensaje de peligro para la seguridad y la integridad democrática argentina. Entre sus primeras políticas, Javier Milei se propone destruir el entramado cultural nacional.
Así le respondió al gobierno la Fundación El Libro, entidad organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en su repudio total y absoluto comunicado por sus redes oficiales.
La Fundación El Libro está integrada por la Cámara Argentina del Libro (CAL), la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), la Cámara de Librerías, Papeleras y Afines (CAPLA), la Federación Argentina de la Industria Gráfica, el Sector Español de Libros y Revistas, y la Cámara Argentina de Publicaciones (CAP).
El rechazo a la derogación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera por parte del sector editorial y librero fue inminente, junto con las bibliotecas, quienes también se verán seriamente afectadas por las amputaciones que el gobierno planea sobre el Estado nacional.
Entre las desaprobaciones difundidas, la Librería Hernández calificó de “atropello histórico” querer derogar la ley N° 25.542 del año 2001. Para la emblemática librería de la Avenida Corrientes, la ley “solo exige que el libro en un gran supermercado tenga el mismo precio que en una pequeña librería, en todo el territorio nacional”.
Por su parte, desde la Comisión Organizadora de la Feria de Editores (FED), explicaron por qué su derogación es “una mala idea”. Lo importante del precio uniforme de venta al público es que establece que los editores fijen el precio de venta de los libros que publican, el cual debe ser el mismo en todos los puntos de venta.
Por lo tanto, “se pone el acento de la competencia en la atención al público, la recomendación y la selección de los libros, y no en el descuento que se puede hacer en base al poderío económico”, como dicen desde el mensaje de la FED.
En efecto, el objetivo de la ley es garantizar la bibliodiversidad y la existencia de pequeñas y medianas editoriales, como también la conservación de librerías barriales o especializadas, o cadenas de librerías pequeñas y medianas que abren la posibilidad a otra literatura, que no sea la producida por las principales usinas comerciales.
Para la ley, “las librerías son espacios fundamentales de la vida cultural y en la cadena de valor del libro”, sostienen desde la FED.
Falacias libertarias
Una falsa premisa sostiene los motivos para derogar esta política pública cultural ejemplar, y es que, inevitablemente, el precio de venta, por ley del mercado, bajará.
Sin embargo, todas las experiencias de esta índole demuestran lo contrario. Las consecuencias redundan en la monopolización y concentración del mercado, como también en el achicamiento y desaparición de la pequeña mediana industria editorial, al asfixiar sus márgenes de rentabilidad.
Esta es la “conducta depredadora de las grandes superficies y plataformas de ventas”, denuncia la Librería Hernández. Así mismo, la recientemente creada Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI) advierte sobre el peligro para el ecosistema librero, ya que con la derogación “la industria del libro queda en manos de unos pocos”.
Resalta que las librerías son espacios culturales “de encuentro, intercambio, vinculación con los lectores y con toda la cadena del libro, a la que aportamos valor en el trabajo diario”.
La desaparición y el derrumbe de librerías y editoriales afectará a toda una cadena de trabajadores de la cultura del libro, que va desde editores, libreros, correctores, diseñadores, traductores y otros tantos oficios involucrados.
En este sentido, las librerías y editoriales se vieron fuertemente afectadas por los indeseados efectos de la política mileísta, cuando el 12 de diciembre produjo una devaluación de un 100%.
A una semana de las ansiadas ventas navideñas y de fin de año, la devaluación obligó un aumento de precios de al menos un 15%, o bien, a dejar la lista de precios atrasada y perder márgenes estrepitosos no solo de ganancia, sino de supervivencia de la actividad, que es lo que hicieron la mayoría de las editoriales.
Al respecto, la periodista Emilia Racciatti entrevistó para Télam a varios editores, que estipulan aumentos de un 30% y un 40% para enero de 2024, ya que no solo se proyecta el ritmo de inflación mensual, sino lo que indican la autonomía de los propios costos.
El papel, el principal insumo de un libro, no paró de subir indiscriminadamente. En enero de 2023, la Cámara Argentina del Libro (CAL) expresó su preocupación tanto por el precio como por el abastecimiento, y denunció aumentos por encima de la inflación del 150%.
En el caso del papel ilustración, utilizado para tapas y, en especial, para libros infantiles, el aumento fue de un 300%. Estos índices del precio del papel representan una participación del 50% del costo de producción de un libro, ubicándose por encima del trabajo de una larga cadena de actores.
La consecuencia es “una pérdida de rentabilidad de la industria editorial a manos de los grupos concentrados que producen papel en la Argentina”, detalló oportunamente el comunicado de la CAL, y manifiesta un atentado “contra la oferta de un mercado que se ve cada vez más empobrecido en cuanto a la bibliodiversidad se refiere, ya que se recortan los planes editoriales, se limitan las tiradas y se suspenden reimpresiones”.
Sin que haya respuestas al momento de un arbitraje ante una situación de abuso de posición dominante por las empresas oligopólicas productoras e importadoras de papel, la situación tenderá a agravarse con la derogación de la ley.
Leer es un derecho
Pero no todos los sectores del libro se expresaron de la misma manera. El último comunicado de las instituciones del sector del libro en defensa de la Ley 25.542, que expresa “la firme oposición a la derogación”, no cuenta con la firma de la Cámara Argentina de Publicaciones (CAP). Precisamente, en esta institución se reúnen los principales conglomerados dominantes, entre ellos, Yenny y Cúspide, como se observa en su directorio, además de Planeta, Penguin Random House y otros actores de peso pesado en el sector.
Dicho comunicado sostiene que la ley fue “una iniciativa que acordó y acompañó al sector del libro en su conjunto, hasta su promulgación en 2001”, y cuyo principio es concebir al libro no sólo como una mercancía, sino como “un bien cultural a través del cual se propagan las ideas y el conocimiento, se genera cultura e identidad, por lo que resulta indispensable para el desarrollo social e individual de un país”.
La innovación en contenidos y la pluralidad de voces “conlleva a una mayor participación de colaboradores en el proceso editorial en su conjunto”, explica la proclama, que subraya la contribución de la ley a “la producción editorial local, la preservación del patrimonio literario y a la promoción de la lectura”, como lo atestiguan las más de 500 editoriales pymes y las más de 1500 librerías en todo el país.
Por ello, la derogación de la defensa de la actividad librera supone una regresión profunda. Las leyes de precio fijo en la venta de libros rigen en Alemania, Francia, España, Dinamarca, Austria, Grecia, Italia, Holanda, Portugal, Japón y Corea del Sur, entre otros países, donde se forjan “industrias editoriales fuertes y desarrolladas, con una gran población lectora y velan por la preservación y desarrollo de las librerías pequeñas y medianas”, alienta este anuncio sectorial, y recuerda que en “países como Inglaterra, luego que se derogó el acuerdo de precio fijo, desaparecieron un tercio de las librerías independientes”.
El reciente mensaje difundido y firmado por la Cámara Argentina del Libro (CAL); la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (CAPLA); la Cámara Argentina de Librerías del Chaco (CALICHA); la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI); la Cámara de Librerías, Papelerías y Afines del Centro de la República (CALIPACER); la Cámara de Librerías, Papelerías y Afines de La Plata; la Cámara de Libreros y Editores Independientes (CALEDIN); la Cámara de Libreros del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires: la Fundación El Libro (FEL); la Unión de Escritoras y Escritores de Argentina (UEEA), y la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), el viernes 29 de diciembre, se asienta en el principio del derecho a leer. Siguiendo a la UNESCO, “los libros y el acto de leer constituyen los pilares de la educación y la difusión del conocimiento, la democratización de la cultura y la superación individual y colectiva de los seres humanos”.
Sin embargo, en el seno de esta espectacular crisis política, cuya extrema gravedad atenta contra las condiciones fundamentales de las garantías constitucionales, la cultura nacional se enfrenta a uno de los ajustes más decisivos de su historia democrática.
(*)Periodista y editor de Ediciones CICCUS