Dos proyectos antípodas
Agencia La Oreja Que Piensa. Por Sergio Ferrari
Casi dos meses después de una primera vuelta electoral que destrozó todas las encuestas y produjo un primer terremoto entre la clase política tradicional, el 6 de junio se definirá el nuevo gobierno del país sudamericano para sus próximos 5 años.
El maestro rural y dirigente sindical Pedro Castillo, de 51 años, candidato sorpresa, inesperado ganador del primer turno con casi 19 % de los votos, se enfrenta a Keiko Fujimori, de 46 años, quien en abril atrajo el 13 % del electorado. Keiko es hija del antiguo presidente Alberto Fujimori, detenido desde 2009 y con una condena de 25 años por graves violaciones de derechos humanos y corrupción. Fujimori padre es uno de los seis ex presidentes del país que gobernaron en los últimos 30 años que son investigados o han sido condenados por graves delitos cometidos durante sus mandatos.
En el Congreso Nacional, Perú Libre, el partido de Castillo, (http://perulibre.pe/wp-content/uploads/2020/03/ideario-peru-libre.pdf ) obtuvo en la primera vuelta una cómoda diferencia de 13 bancas (37 a 24) sobre Fuerza Popular de Fujimori. Sin embargo, la presencia de otros ocho partidos con quienes se distribuyen las 130 bancas, impide anticipar el comportamiento de la cámara legislativa.
A través del duelo de Castillo contra Fujimori se confrontan dos visiones antagónicas de la política, la economía, las relaciones internacionales y la participación social en la democracia.
Propuestas irreconciliables
Se trata de dos modelos muy diferentes, casi antagónicos, de ver el país, argumenta Antolín Huáscar Flores, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), organización campesina que forma parte de la Coordinadora Latinoamericana (CLOC) - Vía Campesina.
“Castillo representa a los campesinos e indígenas del interior del país y promete la convocatoria a una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución de 1993 promulgada por Alberto Fujimori”, explica. Además, reivindica la necesidad de una reforma agraria, defiende el desarrollo de la producción autóctona en el campo y rechaza someter la economía nacional a los Tratados de Libre Comercio (TLC) que Perú ha venido firmando en las últimas décadas. Están vigentes en la actualidad en el país sudamericano, entre otros, los TLC con Estados Unidos, la Unión Europea y la Alianza del Pacífico, así como con Chile, Canadá, Singapur y China.
El candidato de Perú Libre, explica Huáscar, quiere controlar las importaciones. Los TLC nos vuelven simples consumidores de lo que llega del exterior. Castillo propone recuperar la actividad agrícola e incorporar valor agregado a los productos peruanos, lo que beneficiaría a agricultores y pueblos indígenas. Perú, con 1.285.000 kilómetros cuadrados y 32 millones de habitantes, constituye la quinta economía continental.
Pedro Castillo representa el Perú olvidado y marginado: sigue siendo maestro rural en su comunidad originaria andina de Cajamarca, a más de 800 kilómetros al norte de Lima. “Conoce las necesidades y padecimientos de la gente pobre del interior”, continúa Antolín Huáscar. Y con su lenguaje simple y directo reivindica al pueblo empobrecido como un actor principal de su gobierno, en caso de ganar, enfatiza Huáscar.
Todo esto irrita a la derecha, preocupa a las multinacionales que dominan la economía del país y desespera a los partidos tradicionales, que ven que un dirigente sindical, del campo, con gran capacidad de movilizar a la gente –como sucedió en las manifestaciones docentes del 2017-- puede llegar a ser el nuevo presidente. La derecha no acepta, ni admite esa posibilidad. Y se resiste a la propuesta de integración latinoamericana progresista que promueve Castillo en el plano internacional, totalmente opuesta a la visión de Keiko Fujimori. Para Huáscar, en caso de ganar la candidata de la derecha se dará la continuidad de un proyecto económico que carece de todo acento nacional. “Representa a las multinacionales y acepta la dependencia de las imposiciones externas. Lo que ha llevado al país a una profunda segregación social, a una crisis institucional permanente y a la total falta de credibilidad de la clase política”.
La candidata de Fuerza Popular es acusada en tribunales peruanos por graves delitos de corrupción con el fin de financiar sus campañas presidenciales anteriores. En marzo de este año, el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, quien lleva la causa, solicitó una condena contra Keiko Fujimori de 30 años de prisión por organización criminal, lavado de dinero, falsedad y obstrucción de la justicia. Las acusaciones formales también se extienden a su marido, Mark Vito, y a varios de sus colaboradores más cercanos. Además, el fiscal anunció que Fuerza Popular debería ser disuelta y liquidada en caso de que su dirigente fuese condenada por estos delitos.
Keiko Fujimori forma parte desde los años 90 de esa clase política hoy cuestionada. Fue Primera Dama durante el gobierno de su padre (1990-2000) y tres veces candidata presidencial: en 2011, en 2016, y en los comicios actuales.
Preocupación
“En los más de 40 años que estoy en Perú he vivido diez elecciones. Ésta es la que me produce más tristeza ya que no veo opciones claras y portadoras de real esperanza”, afirma el sacerdote suizo Xavier Arbex, radicado desde años en Puerto Maldonado, en la Amazonia peruana.
Según el religioso, se enfrentan “una candidata condenada por delitos muy importantes y, por otra parte, un outsider que si llega al gobierno va a sufrir fuertes presiones de los dirigentes de su propio partido, de izquierda radical. Es difícil que logre tener autonomía real para gobernar”.
Keiko, quien cuenta con el sostén del poder tradicional, prometió que si gana va a indultar de inmediato a su padre. A pesar de que ella, al igual que Castillo, aceptó la Proclama Ciudadana: Juramento por la Democracia, elaborada por la Iglesia Católica, la Unión de Iglesias Evangélicas, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Asociación Civil Transparencia. Este documento plantea, entre otros puntos, el respeto de los derechos humanos y el compromiso de que el ganador o ganadora va a dejar el poder después del 28 de julio de 2026.
Perú se confronta con un verdadero callejón sin salida, de perspectiva incierta a nivel político y social. Lo que produce decepción, tristeza e incertidumbre, concluye Xavier Arbex.