BRASIL DEBE CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LEGALES INTERNACIONALES

Agencia La Oreja Que Piensa. Desde la ONU, Ginebra, Suiza. Por Sergio Ferrari.

Brasil tiene la obligación legal internacional de establecer mecanismos nacionales de prevención para combatir la tortura y los malos tratos. Ya que ese país sudamericano ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, Inhumanos o Degradantes (por sus siglas en inglés OPCAT).

Así lo declararon especialistas en derechos humanos del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas. Los mismos, según la información oficial dada conocer por las Naciones Unidas (ONU) desde Ginebra, “están profundamente preocupados con el reciente veto, por parte del Gobernador de San Pablo, de la ley 1257, que establece un mecanismo anti-tortura en dicho Estado”.

El Protocolo Facultativo, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre del 2002, entró en vigor el 22 de junio del 2006. Su objetivo principal es prevenir la tortura, abriendo los lugares de detención al control por parte de entidades independientes. Brasil lo ratificó el 19 de abril del 2007, a través del Decreto 6.085, firmado por el entonces presidente Luis Inácio Lula da Silva.

“Que Brasil cumpla”

“Esperamos que Brasil continúe cumpliendo con sus obligaciones internacionales, revierta esta decisión (del Estado de San Pablo) y mantenga su compromiso en la lucha contra la tortura”, afirmó Sir Malcom Evans, presidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura. El experto, por otra parte, expresó su satisfacción por declaraciones de la semana pasada de parte de la Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano, que rechazó el veto y llamó al Estado de San Pablo a cumplir con sus obligaciones en el marco de la Convención contra la Tortura.

En 2015, la nación sudamericana introdujo una ley federal por la cual se creaba un Sistema Nacional de Prevención y Combate contra la Tortura, basada en una serie de mecanismos preventivos a nivel estadual. Los mismos fueron adoptados por los Estados de Río de Janeiro, Pernambuco, Roraima y el Distrito Federal. “El veto anunciado por el Gobernador de San Pablo invierte esta tendencia positiva”, señala la ONU en un comunicado emitido el 5 de febrero en Ginebra, Suiza.

El mismo recuerda que los mecanismos independientes de prevención contra la tortura es uno de los medios más eficaces para proteger a todos los que se encuentran detenidos contra eventuales malos tratos, y una forma de garantizarles el derecho a un proceso justo, según las leyes propias del Estado de Derecho del país. Y señala que “el Gobierno federal de Brasil está obligado a nivel legal internacional a garantizarlo”.

 

La toma de posición de los expertos internacionales en derechos humanos fue conocida solo un día después que Sergio Moro, Ministro de Justicia de Brasil, presentara el lunes 4 de febrero -ante una decena de gobernadores- un nuevo proyecto anticorrupción y anticrimen. El mismo prevé la modificación de 14 leyes y de artículos del Código Penal, del Código de Proceso Penal, de la Ley de Ejecución Penal, del Código Electoral y de la Ley de Crímenes Atroces.

En el razonamiento del Ministro de Justicia del Gobierno Bolsonaro, “el crimen organizado utiliza la corrupción para ganar impunidad. Por otro lado, el crimen está vinculado a buena parte de los homicidios del país”.

Diferentes organizaciones y personalidades de la sociedad civil alertaron sobre los riesgos de esta propuesta jurídico-represiva en marcha. “Pienso que busca suprimir diversas garantías fundamentales del ciudadano con el objetivo de dar mas efectividad al proceso penal…lo que es un error, ya que viene siendo practicado en los últimos 40 o 50 años” subrayó en una entrevista con Carta Mayor el abogado Cristiano Maronna, ex presidente del Instituto Brasilero de Ciencias Criminales (IBCCRIM).

Para dicho experto, esta propuesta no es una sorpresa, ya que va en la dirección de lo que anunciara Jair Bolsonaro en su campaña. En realidad, lo que llama la atención, “es que la misma venga de un magistrado que hoy ocupa el Ministerio de Justicia”.  Aunque, como él es un histórico de la extrema derecha, “entonces tampoco me sorprende…son medidas de un Gobierno que está haciendo lo esperado”, concluye.