Amplio apoyo popular para una iniciativa solidaria
Freno ciudadano a la voracidad empresarial
Agencia Informativa La Oreja Que Piensa. Por Sergio Ferrari, desde Berna, Suiza
Aunque el dinero es rey y las grandes empresas multinacionales ejercitan su imperio ahí donde se instalan, sectores de la sociedad civil internacional buscan reglamentar las prácticas más nefastas de las mismas.
Una alianza de más de 90 sindicatos, asociaciones religiosas y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de derechos humanos y ambientales lograron un hito histórico en Suiza el pasado mes de enero. A partir de una movilización ciudadana nunca antes vista, en solo dos semanas esta coalición recogió más de 183.000 firmas –en un país de menos de 9 millones de habitantes-- en apoyo de la Iniciativa Popular a favor de las Multinacionales Responsables (https://responsabilite-multinationales.ch/).
Para lograrlo, se movilizaron unos 10 mil voluntarios que instalaron el segundo y tercer fin de semana de enero mil stands y puntos de recogida de firmas en todo el territorio nacional. De ser aceptado en las urnas el texto de la Iniciativa Popular se integrará en la Constitución.
A partir de allí, las grandes empresas suizas, o con sede en Suiza, así como sus filiales y contratistas locales, deberán respetar los derechos humanos y ambientales en todos los países donde hagan negocios y ajustarse a las mismas exigencias y obligaciones que en Suiza. Esto significa, también, que cualquier persona u organización perjudicada por estas empresas en cualquier país podrá solicitar reparaciones.
Además, se creará una entidad independiente para la supervisión y el control de las prácticas empresariales.
El comité que promueve este cambio constitucional está conformado por personalidades de un amplio espectro político (desde socialistas y verdes hasta la derecha liberal, pasando por el centro democratacristiano), empresarios y representantes de numerosas ONG. En declaraciones a la prensa, Claude Ruey, ex senador nacional del derechista Partido Liberal Radical y miembro del comité, reconoció que en su larga vida política nunca había visto “una causa por la que tanta gente se involucre”. Y calificó de “extraordinario” el hecho de que se hubiesen recogido 183.661 firmas en sólo 14 días.
“Muestra claramente”, enfatizó Ruey, “hasta qué punto la población apoya [esta propuesta] y cómo nuestros conciudadanos comparten un gran sentido de la justicia”. Lo significativo de esta movilización ciudadana es que logró casi el doble de las 100 mil firmas que exige la Constitución para este tipo de iniciativa y en un tiempo récord de solo dos semanas. La Carta Magna suiza otorga un plazo de 18 meses para conseguir las 100 mil firmas.
Café “esclavo”
Los argumentos y los ejemplos que sirvieron a los promotores para promover la recolección de las firmas son contundentes.
La Nutrade Comercial Exportadora Limitada, filial de la multinacional suiza de agroquímicos Syngenta, --así como el programa Nucoffee, también de la Syngenta-- han comercializado café procedente de fincas brasileñas donde imperan condiciones laborales cercanas a la esclavitud.
El 46% del café de Brasil – el mayor productor y exportador del mundo-- proviene del Estado de Minas Gerais. Diversos estudios concluyen que más de dos tercios de la fuerza laboral de las fincas cafetaleras de dicho Estado es informal: no tienen derecho a un salario mínimo, ni al pago de horas extras, ni bonificaciones sociales.
En el sector cafetalero de Brasil se denuncian periódicamente casos de trabajo forzoso y violaciones laborales gravísimas, así como de trabajo infantil
Una investigación conjunta de la Coalición Suiza a favor de las Multinacionales Responsables y el colectivo de investigación WAV denuncia 6 casos probados de explotación laboral y trabajo forzoso en Brasil vinculados a la Nutrade o al programa Nucoffee. Sucafina continuó comprando ese producto a la Nutrade incluso después de que las autoridades brasileñas comprobaron irregularidades laborales serias.
A la Syngenta también se le reprocha violaciones en otros países, como la contaminación de aguas de los pueblos de Cipreses y Santa Rosa en las tierras altas de Costa Rica, debido al uso de sus pesticidas. En las aguas se detectaron valores de clorotalonil hasta 200 veces superiores al límite legal. Este fungicida altamente tóxico está prohibido en la Unión Europea y en Suiza porque se sospecha que es cancerígeno.
Oro “asesino”
A menos de 3 mil kilómetros de los cafetales de Minas Gerais se encuentra la mina de oro La Esperanza, en el sur de Perú. Enclavada a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar, en una zona muy aislada del departamento de Arequipa, la mina es propiedad de la empresa peruana Yanaquihua SAC.
Todo el mineral que ésta extrae lo vende a Metalor, una gran refinería de oro suiza, quien lo convierte en lingotes de oro con destino final en las bóvedas de la Unión de Bancos Suizos (UBS), la principal institución financiera-bancaria del país. La UBS y varias marcas de lujo suizas que operan con ese metal precioso afirman que el mismo es indiscutiblemente “sostenible”, es decir, producido en condiciones justas. Sin embargo, la realidad parece desmentirlo, como lo prueba una serie de dramáticos accidentes en La Esperanza.
El más conocido, un grave incendio en la galería I, cuando 27 mineros murieron por asfixia. Según la Coalición Suiza a favor de Multinacionales Responsables, la refinería suiza Metalor, único comprador de ese oro, debería haber garantizado que durante su extracción se respetaran las normas básicas de seguridad para que ningún trabajador resultase herido.
Por otra parte, como lo subrayó la Coalición, las graves deficiencias de seguridad eran bien conocidas, ya que entre 2011 y 2022 se habían producido 196 accidentes con lesiones y discapacidades importantes y entre 2019 y 2022 tres trabajadores perdieron la vida por el derrumbe del techo de una galería.
Un informe de las autoridades peruanas sobre el incendio de 2023, aún no publicado, revela la gravedad de los problemas de seguridad en esa explotación. La mina carecía de un sistema de alarma como para facilitar una evacuación coordinada en caso de desastre. Tampoco contaba con un plan formal de evacuación de emergencia y las rutas de evacuación y las salidas de emergencia carecían de señalización
Finalmente, no disponía de un sistema adecuado de protección contra incendios, como extintores, arena y tanques de agua, y los refugios de seguridad estaban mal equipados.
Semejante estado de negligencia en materia de seguridad hubiera podido acarrear consecuencias aún más graves si se tiene en cuenta la cantidad de detonadores y explosivos que los investigadores encontraron en las profundidades de la mina sin la menor protección del caso. A pesar de las pruebas, la empresa que opera la mina niega que no se hayan respetado las exigencias de seguridad (https://responsabilite-multinationales.ch/etudes-de-cas/or-extrait-dans-une-mine-de-lhorreur/).
De Namibia a Argentina, pasando por el Amazonas
Los ejemplos de absoluto irrespeto para con los derechos humanos y ambientales por parte de las corporaciones helvéticas son reiterados y abundantes.
Entre ellos, las 300.000 toneladas de residuos tóxicos en Namibia, donde la multinacional canadiense Dundee Precious Metals procesa cobre con alto contenido de arsénico para abastecer a la multinacional IXM, con sede en Ginebra. Así como el impacto nefasto en la deforestación del Amazonas y el Cerrado por parte de las multinacionales de la agroalimentación Cargill, Bunge, Cofco International y Amaggi todas ellas con sede en Suiza. (https://responsabilite-multinationales.ch/etudes-de-cas/geants-suisses-agroalimentaire-profitent-deforestation-amazonie/).
En Argentina, las emisiones de polvo de la fábrica Sika, una multinacional helvética especializada en productos químicos para la construcción, están contaminando el barrio de Las Mercedes, a unos 35 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. La Coalición suiza ha confirmado que los exámenes médicos realizados a 48 vecinos del barrio muestran que ese polvo está enfermando a la población.
En noviembre de 2020, luego de una movilización muy amplia, la ciudadanía suiza votó una primera Iniciativa sobre Multinacionales Responsables. Si bien el resultado fue de 50,7% a favor, la propuesta no contó con el apoyo de la mayoría de los cantones (provincias), tal como lo exige la Constitución y por eso no pudo incorporarse a la misma.
La oposición, en particular la extrema derecha y sectores proempresariales, argumentó que, de aprobarse, dicha iniciativa habría de introducir en Suiza una responsabilidad civil única, muy exigente, y que, en consecuencia, importantes grupos económicos emigrarían a otros países con menos reglamentaciones.
El Poder Ejecutivo colegiado, cuya mayoría es de derecha, también se opuso argumentando la necesidad de actuar “de manera coordinada a nivel internacional” para poner a las empresas suizas y de la Unión Europea “en pie de igualdad”. Promovió entonces, como alternativa, un contraproyecto.
En realidad, una simple coartada tranquilizadora de conciencia, ya que el mismo sólo apunta a que las multinacionales informen sobre sus actividades, pero sin ninguna obligación legal a cumplir.
En julio de 2024 entró en vigor en la Unión Europea la Directiva sobre la debida diligencia empresarial en materia de sostenibilidad, cuyo fin consiste en fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable en las operaciones de las empresas y sus respectivas cadenas de valor globales dentro y fuera de Europa.
Este paso adelante para controlar el comportamiento de las multinacionales europeas en cuestiones de derechos humanos y estándares ambientales no tuvo hasta ahora ningún impacto en la legislación suiza, que no lo incorporó ni siquiera como referencia.
De allí que la sociedad civil helvética vuelva a alzar la voz para relanzar un principio esencial de justicia internacional y proponer esta nueva iniciativa.
Y fundamentalmente para reclamar con la fuerza de un altísimo nivel de movilización, que muy pronto se decida en las urnas cómo deben comportarse en el futuro aquellas multinacionales suizas que son, hasta ahora, irresponsables y violadoras de derechos básicos.
