Vuelen alto
ESTRENO DEL DOCUMENTAL PRODUCIDO POR LA CPM
A un año de la masacre de Monte: jornada por justicia
Agencia La Oreja Que Piensa.
Al cumplirse el primer aniversario de la masacre de Monte, las familias de las víctimas realizaron un acto por justicia y memoria de Danilo, Camila, Gonzalo y Aníbal, acompañados por la Comisión por la Memoria (CPM) y organizaciones sociales de dicha ciudad.
También para expresar el acompañamiento a Rocío, la única sobreviviente de la criminal persecución policial ocurrida el 20 de mayo pasado. La charla virtual, transmitida en vivo, comenzó con el estreno del documental homenaje “Vuelen alto”, producido por la CPM.
“Vamos a seguir hasta lograr la justicia”, dijeron los familiares. La UFI N 1 de Cañuelas ya dispuso el cierre de la etapa de investigación y se espera que, en las próximas semanas, se requiera la elevación a juicio del primer tramo de la causa.
“¿Quién mata a un nene?”, se pregunta Nicolás Sansone, hermano de Danilo, en una de las entrevistas que forman parte del documental que se estrenó en el primer aniversario de la masacre de Monte.
“Quizá se piensan que por tener un arma o una chapa pueden hacer lo que quieren. Hace años se sabe cómo era la policía acá y sigue pasando, siguen pasando las mismas cosas. Y no es sólo acá es en todos lados”, agrega.
A un año de la masacre, familiares de Danilo Sansone, Gonzalo Domínguez, Camila López, Aníbal Suárez y Rocío Quagliarello realizaron un acto reclamando justicia, que se transmitió en vivo por la página de facebook de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
Además de las familias, participaron del encuentro virtual, los abogados y abogadas particulares, integrantes de la CPM, del Movimiento 20 de mayo y Ama Quella, organizaciones que acompañan a familiares de las víctimas desde el primer momento.
En ese marco, se proyectó Vuelen alto, un documental homenaje que, con las voces de las familias, recuerda cómo eran Danilo, Camila, Gonzalo y Aníbal, y la historia de Rocío, única sobreviviente de la masacre.
Los testimonios también recuperan la organización y la lucha por justicia durante todo este año. El documental, una idea original de familiares de la masacre de Monte, fue producido por la CPM y se encuentra disponible en el canal de youtube de la Comisión: https://www.youtube.com/watch?v=E5IQw_N7k60
“Eran criaturas que tenían el derecho de vivir libre y disfrutar y, sin embargo, se encontraron con un Estado que los mata de esta manera atroz y cobarde. Nos queda honrar el juicio para que los responsables sean condenados”, señaló durante la charla la Madre de Plaza de Mayo—Línea Fundadora e integrante de la CPM, Nora Cortiñas. También participaron por la CPM el secretario Roberto Cipriano García y la directora general Sandra Raggio.
“Vamos a seguir esta lucha que nos toca vivir, sé que juntos vamos a lograr la justicia y recién, cuando lleguemos a ese momento, vamos a poder hacer el duelo”, expresó Susana Domínguez, mamá de Gonzalo. “Llevo también la fortaleza de ustedes y les deseo, lo mismo que deseo para mía, la justicia”, agregó luego dirigiéndose al resto de las familias.
“No queremos dejar pasar este momento para pedir justicia, hoy es el aniversario, pero queremos que se venga la fecha del juicio”, dijo Juan Carlos Sansone, papá de Danilo. A su lado, la mamá de Danilo, Gladys Ruiz Díaz sostuvo: “Todos tenemos una meta llegar a la justicia y también a la verdad y la memoria para que haya un nunca más”. Gladys remarcó la responsabilidad del Estado en la masacre y llamó también a la sociedad a intervenir desde cada lugar para luchar contra la violencia institucional: “A pesar de estar pasando momentos difíciles, no tengan miedo, denuncien porque hay un Estado que apunta contra nuestros chicos y avala a la policía. Quizá si alguien hubiese denunciado antes a los policías que hicieron esto, hoy los chicos estarían con nosotros”.
La CPM patrocina legalmente a la familia de Danilo y Camila López. En ese sentido, la abogada y directora del programa de Litigio Estratégico, Margarita Jarque, destacó: “Contrario a lo que viene ocurriendo acá, en la mayoría de las causas de violencia institucional, no se investiga y los responsables no están detenidos o lo están sólo por un tiempo. Esta puede ser una causa bisagra para generar un camino en torno a los procesos judiciales por violencias estatales”.
La mamá de Camila, Yanina Zarsoso resaltó el trabajo de los abogados y abogadas, y agradeció el acompañamiento de la CPM “no sólo en materia legal, sino también desde lo humano, de la contención y el apoyo”. Y agregó: Hoy es un día más de lucha, exigiremos justicia hasta el último momento. Se lo prometí a mi hija y así va a ser”.
De la charla también participó Blanca, la mamá de Aníbal Suárez, que llegó de Misiones hace dos meses a San Miguel del Monte para participar de una nueva marcha por justicia y quedó varada al comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio. “No siempre puedo estar, por eso hoy sólo quiero agradacerles a ustedes, que siempre están”.
Dorina Bernardes es abogada y amiga de Susana Domínguez, y ejerce el patrocinio de las familias de Aníbal y Gonzalo: “Quiero agradecer a los abogados de la Comisión por el compromiso, la responsabilidad y destacar el trabajo conjunto que nos hizo avanzar como avanzamos en la causa. Y quiero destacar también a la comunidad de Monte, gracias al pueblo pudimos recabar elementos de prueba de contundencia para que esta causa esté próxima a un juicio oral. Todo el pueblo se puso de pie para clamar por la verdad”.
Por su parte el abogado de la familia de Rocío Quagliarello, Ricardo Minoli, resaltó: “Admiro la fortaleza e integridad de estos padres y madres. Desde nuestro lugar, vamos a acompañar hasta el final, hasta que se le logre la sentencia de todos estos indignos que quitaron la vida de estos chicos”.
A la par de la causa judicial, de la organización de las familias y el reclamo de justicia, estuvieron también organizaciones territoriales que fueron un pilar de contención fundamental durante todo este año. En representación del Movimiento 20 de mayo, Maxi declaró: “De todo esto tiene que salir algo reparador. El objetivo es movilizarnos para que se haga justicia, pero también para contribuir a una transformación cultural profunda, que tenga una mirada inclusiva, de empatía con el otro y solidaridad”.
“Quiero rescatar la lucha de las familias, que se acompañan y se dan fuerza, que se entiende en ese dolor. Es una fuerza que resulta, para quienes acompañamos, sorprendente, de mucha valentía”, valoró Belén de AmaQuella, un grupo de trabajo interdisciplinario, que desplegó un dispositivo de contención para las familias. Cintia, parte también de ese equipo de trabajo, sumó la importancia del pueblo: “La reacción inmediata y la presencia de los organismos de derechos humanos y organizaciones territoriales permitieron visibilizar y develar esa trama de violencia y encubrimiento en donde la policía arrebató la vida de cuatro jóvenes”.
A un año de la masacre, la causa — a cargo del fiscal Lisandro Damonte, titular de la UFI N 1 de Cañuelas— tiene 23 imputados; el tramo central del expediente que investiga la participación directa en la persecución mortal y el encubrimiento tiene 13 imputados: doce policías y el entonces secretario de seguridad del Municipio. Cuatro de los doce agentes policiales están acusados de homicidio, el resto al igual que el funcionario municipal por encubrimiento.
En el segundo tramo del expediente también se investiga la participación en los hechos de otros siete funcionarios policiales que prestaban servicio en la estación comunal de San Miguel del Monte y tres integrantes de la Policía Científica de Cañuelas que intervino en las primeras diligencias investigativas en el lugar del crimen.
El mes pasado, la fiscalía dispuso el cierre de sumario; es decir, dio por concluida la etapa de investigación. Este acto procesal permite a las partes aclarar o revisar algún punto de las pruebas peticionadas. Si bien los plazos se suspendieron por la feria judicial, se espera que en las próximas semanas se requiera la elevación a juicio.
En la madrugada del 20 de mayo de 2019, Danilo de 13 años, Camila (13), Gonzalo (14), Rocío (13) paseaban por la ciudad en el Fiat Spazio conducido por Aníbal Suárez (22). En algún momento del recorrido, un patrullero de la Policía Bonaerense de la estación comunal comenzó a perseguirlos y dispararon contra el auto. Otro patrullero que pretendió bloquear el paso del auto también efectuó varios disparos. Una de esas balas hirió a Gonzalo.
Después de varias cuadras de persecución, en la colectora de la ruta nacional N 3, a la altura del barrio San Bernardo, el auto impactó contra un acoplado que se encontraba estacionado. Aníbal, Danilo, Camila y Gonzalo murieron en el lugar. Sólo Rocío sobrevivió después de estar casi un mes internada con múltiples lesiones de gravedad.
Inmediatamente, después del hecho, la policía desplegó un extenso operativo en la escena del crimen para borrar pruebas y se falsificar las actas de procedimiento. El testimonio y los aportes de vecinos y vecinas lograron desmontar la versión policial: un empleado del centro de monitoreo, grabó con su celular un video de la persecución policial que tomaron las cámaras de seguridad y mostraban a la policía disparando sobre el auto. Otro vecino entregó tres vainas 9mm que recogió en el camino y que las pericias demostraron correspondían al arma reglamentaria de uno de los imputados por homicidio.
De la instrucción principal se desprenden otra causa que investiga el posible encubrimiento policial de la ex intendenta Sandra Mayol y el jefe del cuerpo de Bomberos Municipal.
La otra, que se inició por una denuncia de la CPM, investiga tareas de inteligencia ilegal y actos intimidatorios y amenazantes ejercidos contra familiares de las víctimas por parte de agentes de la policía bonaerense. Esta causa, a más de 10 meses de ocurridos los hechos, no avanzó y se encuentra actualmente en la Corte Suprema de Justicia que debe definir si tiene jurisdicción provincial o federal.
La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires es un organismo público extra-poderes que funciona de manera autónoma y autárquica.
Fue creada por resolución legislativa 2117 de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires en julio de 1999, y ratificada por la ley 12.483 del 13 de julio de 2000 y su modificatoria, la ley 12. 611/2000.
Está integrada por referentes de organismos de derechos humanos, religiosos de distintos credos, intelectuales, funcionarios universitarios y judiciales, legisladores y sindicalistas, como expresión plural del compromiso con la memoria del terrorismo de estado y la promoción de los derechos humanos.
Mediante la Ley provincial 12.642/00 -aprobada por unanimidad- recibió el edificio en el que había funcionado durante medio siglo la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) para que establezca su sede.
Junto con ese emblemático edificio, la Comisión asumió la responsabilidad de custodiar y gestionar el primer archivo de inteligencia policial desclasificado de la Argentina: el Archivo de la DIPPBA.