PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA
Proponen a la Comisión por la Memoria como Mecanismo Local de prevención de la tortura
Agencia La Oreja Que Piensa.
Desde el año 2002, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) decidió crear el Comité contra la Tortura, a fin de monitorear el cumplimiento de los derechos humanos en los lugares de detención, cárceles, centros de jóvenes y comisarías.
De esta manera se constituyó como un mecanismo preexistente de prevención de la tortura, anterior a la ratificación de parte del estado argentino, del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de ONU, hecho ocurrido en el año 2003.
Este monitoreo se extendió a manicomios públicos y al despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio.
El primer Informe Anual fue presentado en el año 2004, El sistema de la Crueldad, que continuó en el tiempo presentándose hasta este año el Informe Anual XIII. Estos informes son un diagnóstico de las políticas penitenciarias, de niñez, salud mental y seguridad, que pretende visibilizar la problemática y ser un aporte para la implementación de las políticas públicas en estas áreas.
Desde aquel momento, la CPM ha desarrollado el monitoreo periódico, sorpresivo y autónomo de estos ámbitos, con protocolos exigentes y desarrollados de intervención.
La autonomía de la institución, ha permitido sostener durante una tarea que ha denunciado de continuo y sin condicionamientos político-partidarios, las graves violaciones de derechos humanos que el Estado ejecuta sobre las poblaciones más pobres.
La CPM ha reclamado al gobierno y la legislatura provincial, ser reconocida legalmente en esta tarea que desarrolla de hecho desde hace 17 años. Ante la demora en la resolución de este planteo, se requirió al Comité Nacional de Prevención de la Tortura el cumplimiento del artículo 22 inciso h) de la ley nacional 26.827, que prevé la designación provisoria hasta que la provincia designe su propio mecanismo.
El Comité debe formular la propuesta y luego el Consejo Federal de Mecanismos Locales debe designar a la institución propuesta.
El primer paso en este camino, fue la decisión adoptada el día martes 10 de septiembre por mayoría del Comité Nacional, que remitió la propuesta al consejo federal para su aprobación. Sin lugar a dudas, esta decisión es un reconocimiento al trabajo inclaudicable y sostenido de la CPM en la defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad.
El Presidente del organismo, Adolfo Pérez Esquivel, que presencio la sesión junto a los integrantes de la CPM Víctor Mendibil y María Sondereguer, manifestó: “Estamos muy contentos porque esta propuesta del Comité Nacional de designar a la CPM como mecanismo provincial.
Es un gran apoyo al trabajo que realizamos desde hace casi 20 años, con coherencia e independencia de cualquier gobierno o interés particular. Siempre pensando en el dolor de las personas detenidas y como terminar con la violación de sus derechos humanos”.
También estuvieron presentes Mariano Fernández, Secretario de Derechos Humanos de la Asociación Judicial Bonaerense, directivos de la CPM y de otras organizaciones.
La CPM está integrada por: Adolfo Pérez Esquivel (presidente), Susana Méndez (vicepresidenta), Roberto Cipriano García (secretario), José María di Paola (pro-secretario), Ernesto Alonso (tesorero), Víctor Mendibil, Ana Barletta, Luis Lima, María Sonderéguer, Dora Barrancos, Víctor De Gennaro, Nora Cortiñas, Yamila Zavala Rodríguez y Carlos Sánchez Viamonte.
Legislador provincial designado a partir de septiembre de 2016: Marcelo Dileo.
Consultores académicos: Baltasar Garzón, Theo van Boven, Antonio González Quintana, Patricia Funes / Miembro emérito: Obispo Miguel Hesayne.
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