Nuevas formas de golpes estatales
Agencia La Oreja Que Piensa. Por Ivete Caribé da Rocha. (*)
Con la implantación de las dictaduras militares en el continente latinoamericano, en las décadas de 1960 y 1970, nace el gran aparato represivo, a través de una mayor colaboración, no solo con los militares y policías de cada país, sino con toda la élite, temerosa de perder sus privilegios ante la gran masa de personas vulnerables, empobrecidas por la injusta distribución de los ingresos.
Las mayores empresas, los bancos y la prensa en general, se han unido para brindar el apoyo y la estructura necesaria a este aparato represivo, capaz de silenciar las voces de los marginados y socialmente agraviados que llegaron a reclamar algún derecho.
La crueldad de la represión en las dictaduras latinoamericanas no se ha perdido ante el holocausto en forma de terrorismo de Estado.
Muchos de los métodos utilizados por los torturadores en las dictaduras latinoamericanas fueron enseñados por los nazis, protegidos de los estadounidenses, a los maestros de la CIA, quienes a su vez transmitieron sus conocimientos a los torturadores de nuestro continente.
Klaus Barbie (el carnicero de Lyon) y Adolf Eichmann, entre otros, que trabajaban para la CIA en la caza de comunistas, vivían pacíficamente en nuestro continente.
El primero logró la ciudadanía en Bolivia y colaboró ampliamente con la dictadura de Hugo Banzer y otros países del Cono Sur, incluidos Brasil y Chile y Paraguay.
Y fue también desde EE.UU., a través de Henry Kissinger y sus Cuerpos de Información y estrategia internacional, durante las dictaduras que asolaron especialmente el Cono Sur de América Latina, la idea de una contienda criminal entre varios países - Operación Cóndor, con el objetivo de perseguir, torturar, secuestrar y eliminar a los militantes que se levantaron contra estas dictaduras, en cualquier país y por cualquier gobierno, independientemente de su nacionalidad.
Luego de un intervalo de casi dos décadas, un período de democracia y desarrollo de políticas más justas en la distribución de ingresos, como sucedió en Brasil, en los gobiernos de Lula y Dilma, en Bolivia con Evo Morales, en Uruguay con Mujica, en Argentina con en los gobiernos de Kirchner, en Ecuador con Rafael Correa, en Paraguay con Lugo y en Venezuela con Hugo Chávez, se empezó a concebir una nueva ola de golpes de Estado, pero de otra forma.
Ya no los uniformes verde oliva, sino los mantos negros, los parlamentos y los medios de comunicación.
Aquellos personajes discretos que trabajaban en los juicios, dentro de sus despachos, jueces y fiscales muy poco conocidos, de repente llegaron a ser vistos en las pantallas de televisión, en los diarios, dando entrevistas sobre casos en juicio, hablando de Operaciones Policiales y el Fiscales, como si fueran héroes.
En poco tiempo, políticos, altos funcionarios estatales y empresarios, tuvieron sus nombres involucrados en la corrupción y fueron inmediatamente arrestados bajo verdaderos programas mediáticos / policiales y al mismo tiempo se difundieron calumnias, mentiras y mucho odio.
Y luego estaban los “reclamos ganadores”, para quienes aceptaron el formato de acusar a la persona que el fiscal señaló como corrupta.
A este denunciante, tras firmar la condena, se le revocó la prisión, o se la convirtió en vivienda y buena parte de los bienes liberados. Así se instalaron las cárceles a Lula, José Dirceu, quien había sido su ministro y dirigente del Partido de los Trabajadores. Brasil, como en la Operación Cóndor, fue el precursor de estos métodos.
Al igual que los otros golpes de Estado, los agentes públicos - Jueces, Fiscales y Delegados Federales, fueron capacitados por el Departamento de la Justicia de USA y del FBI, en cuanto al modus operandis, para lograr las “delaciones”, y las operaciones cumplieron el rol de destruir la biografía de los políticos, desmantelar las grandes empresas estatales y privadas, contratistas de obras en el gobierno.
Es este método de utilizar la estructura de la justicia y las leyes, para perseguir a los políticos o empleados de empresas públicas y grandes empresarios, que se caracteriza por Lawfare.
El Lawfare comenzó a ser estudiado por varios juristas en Brasil, especialmente por aquellos que hicieron y hacen defensas de prisioneros y perseguidos por la llamada Operación Lava Jato, teniendo como coordinadores a dos servidores públicos, uno, el fiscal federal - Deltan Dallagnol y otro el Juez Sérgio Moro.
Entre estos juristas, el doctor Cristiano Zanin, quien defiende al ex presidente Lula, profundizó en el estudio de Lawfare, como forma de golpe político y destrucción del propio Sistema de Justicia, al subvertir el debido proceso y las leyes en general, para perseguir, arrestar y destruir la reputación de las personas.
El Dr. Cristiano Zanin, junto con otros reconocidos abogados, redactó el Libro - Lawfare - una Introduction, con un prefacio escrito por el abogado - dr. Raul Zaffaroni. En el lanzamiento de este Libro, uno de los autores, el Dr. Rafael Valim, destacó:
"Es, de hecho, un fenómeno complejo y multifacético que ocupa un lugar central en la reflexión sobre las democracias constitucionales contemporáneas en lucha.
Lawfare puede victimizar a todos y cada uno de los sujetos de derecho y, de paso, hay muchos casos contra grandes grupos". En el que es capaz de socavar, de un plumazo, el principio de mayoría y el estado de derecho.
Quienes piensan que el lawfare se restringe al dominio político también se equivocan, confundiéndolo con el tema del activismo judicial.
En Brasil, la capacitación para jueces, miembros del Ministerio Público y delegados federales, hasta donde sabemos, comenzó en 2009, con cursos impartidos en la Escuela Superior de Guerra, desde la Embajada de América del Norte y con la aprobación de varias leyes para consolidar el formato de Golpe de Estado.
La Ley Antiterrorista, la Ley de Delación Otorgada y algunas otras, sirvieron al golpe de 2016 contra la presidenta Dilma.
Por todo lo que vemos hoy, en Brasil, Ecuador, Perú y los intentos en Argentina con el ex juez Bonadío, es necesaria una reforma amplia del poder judicial, fiscales y policiales en América Latina, para que nunca más se permita a los funcionarios públicos de cualquier ámbito, sean realizados por organismos ajenos a sus países y provoquen una destrucción inconmensurable a la economía, las instituciones y la soberanía de los países y finalmente, a la democracia.
(*) Nacida en Brasil. Abogada desde 1977.Actuando en el área de Derechos Humanos. Miembro de la Comisión Estadual de la Verdad del Estado de Paraná. Actualmente es Presidenta de la “Fundación Vida para todos” , ABAI e integrante del Comité Verdad, Memoria y Justicia. Estado de Paraná. Brasil. Integrante del SERPAJ (Servicio paz y Justicia) de Brasil.