LUGARES DE ENCIERRO Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD
El fracaso del punitivismo y la crisis humanitaria en los sistemas de detención.
Agencia La Oreja Que Piensa.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó en el anexo del Senado bonaerense su undécimo Informe Anual sobre sistema de encierro y políticas de seguridad.
Este trabajo constata, una vez más, el fracaso de las políticas punitivistas que todas las gestiones han sostenido y profundizado, y que llevaron al actual colapso del sistema penal.
“La Comisión viene trabajando desde hace años con las víctimas de la violencia institucional porque el dolor que ellos sufren y los crímenes que ellos viven no pueden seguir sucediendo”, dijo el copresidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel.
Y agregó: “En particular, tenemos que pensar dos cuestiones fundamentales del encierro y las políticas de seguridad: por un lado, las condiciones de detención, la superpoblación y el hacinamiento y, por otro lado, la formación de las fuerzas de seguridad: ningún agente puede cumplir órdenes injustas ni debe convertirse en un agente de la represión contra su pueblo del cual forma parte”.
Frente a este escenario, el organismo vuelve a reiterar la urgencia de tomar medidas que reviertan las graves violaciones a los derechos humanos; entre ellas, el reconocimiento legal de la CPM como mecanismo de prevención de la tortura, tal como lo estipula el protocolo de la ONU.
Como sucede cada año, los datos expuestos en este informe deben interpelar directamente a las autoridades políticas y judiciales, que tienen la responsabilidad institucional de revertir la crítica situación del sistema penal.
A más de 30 años del retorno de la democracia, la lucha contra la tortura, la violencia policial y la impunidad es una prioridad de la agenda de políticas públicas.
En la actual coyuntura, este desafío debe transformarse en uno de los principales de nuestra sociedad porque la desaparición forzada de Santiago Maldonado, como todas aquellas acontecidas en la democracia, es su más dramática pero clara consecuencia.
La emergencia en seguridad dictada por la nueva gestión tras su asunción confirmó una tendencia que se ha sostenido: el punitivismo y la mano dura como recetas para combatir el delito. Como la CPM expresó hasta el cansancio, estas recetas ya demostraron su fracaso.
La violencia institucional que se despliega de estas políticas criminales no se investiga y cuando hay juicios resultan en fallos absolutorios, a pesar de que existan pruebas contundentes.
Es en la justicia donde este sistema se convalida. En ese sentido, el copresidente de la CPM, Víctor Mendibil indicó que “es necesario avanzar en la policía judicial, en las fiscalías especializadas y la autonomía de la defensa; todas leyes que están en vigencia pero no se implementan.
Y también es fundamental que se designe a la CPM como mecanismo de prevención de la tortura; hay un proyecto de ley, aprobado por unanimidad en la comisión de derechos humanos del Senado provincial, que reconoce el trabajo de la Comisión como órgano de monitoreo y control de los lugares de encierro.
Es un trabajo que venimos haciendo desde hace más de 10 años”.
Frente a estas violaciones a los derechos humanos, las víctimas se organizan para transformar el dolor en lucha, para denunciar, para quebrar la impunidad, para intervenir en las discusiones públicas en materia de seguridad.
Una muestra de esa capacidad de organización es la presencia en el acto de las organizaciones de la red de familiares de la CPM junto a organismos y colectivos que trabajan en derechos humanos en Mar del Plata, Partido de La Costa, Tigre,
Pergamino, Ramallo, Tandil, Azul, Olavarría, Bahía Blanca, San Martín, Morón, Malvinas Argentinas, CABA, Magdalena, Lincoln, Ramallo, Punta Indio, La Matanza, Marcos Paz, Lomas de Zamora, General Rodríguez, San Nicolás, Moreno y Quilmes.
Además estuvieron presentes una gran cantidad de organismos de derechos humanos de toda la provincia: el colectivo Quilmes, memoria, verdad y justicia, la mesa de la memoria de San Nicolás, la casa de la memoria de Ramallo, la comisión de memoria y justicia de Chacabuco, Linqueños por los derechos humanos, las secretarías de derechos humanos de Merlo, Morón, Mercedes, la comisión del sitio ex Pozo de Banfield, entre otros.
También acompañaron el CELS, Gespydh, Innocent Project, el Foro provincial por la niñez, los mecanismos locales de Punta Indio Y Ramallo, y otras organizaciones sindicales, estudiantiles, políticas y sociales.
“Nos gustaría presentar un informe donde digamos que no se cometen más torturas en Argentina pero, lamentablemente, la situación es cada año más grave. Y tenemos que seguir acá luchando por otro Nunca Más”, expresó Nora Cortiñas, integrante de la CPM y Madre de Plaza de Mayo—Línea Fundadora. “No queremos la baja de la edad de imputabilidad y queremos que el Estado responda por la desaparición de Santiago Maldonado”, cerró Nora.