LA VIOLENCIA MACHISTA EN EL ENCIERRO

Agencia La Oreja Que Piensa. Por la Comisión Provincial por la Memoria (*)
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció que las detenidas alojadas en la Unidad Penitenciaria N 8 de Los Hornos y la comisaría 6ª de Villa Rosa, Bahía Blanca son sometidas a aislamiento extremo, violencia sexual, desatención de la salud, mala alimentación y deplorables condiciones de encierro. 
 
En Villa Rosa, una de las mujeres perdió un embarazo y no recibió atención médica ni psicológica. Todas estas graves violaciones a los derechos humanos se inscriben, a su vez, en un ejercicio patriarcal del poder y la administración de la violencia por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense y la Policía Bonaerense que infringe aún más sufrimiento.
 
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó dos habeas corpus colectivos a favor de las mujeres alojadas en la Unidad Penitenciaria N 8 de Los Hornos y la comisaría 6ª de Villa Rosa, Bahía Blanca, tras denunciar el agravamiento de las condiciones de detención.
 
Durante las inspecciones realizadas por el Comité Contra la Tortura de la CPM se constató la vulneración sistemática de los derechos humanos junto al ejercicio de violencias machistas como una forma de disciplinamiento físico y moral. Estas situaciones se reiteran en los restantes alojamientos de mujeres como patrón estructural de violencias persistentes.
 
La naturalización de estas prácticas por parte del poder judicial y los funcionarios políticos que conocen la grave crisis humanitaria en el encierro y, sin embargo, no hacen nada para revertirlo, ha permitido que la situación de deterioro se prolongue en el tiempo.
 
La comisaría 6ª de Villa Rosa es un ejemplo de los padecimientos de las mujeres detenidas en comisarías bonaerenses. Esta dependencia tiene una orden de clausura dictada en 2012; durante 2018, alojó todos los meses entre 4 y 9 personas.
En la última comunicación recibida por la CPM, había 5 mujeres detenidas en condiciones de hacinamiento extremo; en ese contexto, una mujer perdió un embarazo y nunca recibió asistencia médica ni psicológica.
 
Frente al incumplimiento de la decisión judicial y ante la gravedad de este hecho, la CPM presentó un habeas corpus colectivo en el Juzgado de Garantías N 3 reclamando que, para cumplir con la orden de clausura, se prohíban nuevos ingresos a la Comisaria de Villa Rosa y que se adopten medidas para el traslado de las mujeres detenidas a alcaidías o unidades penitenciarias.
 
La pérdida de embarazo de una de las mujeres detenidas es un caso de extrema gravedad que fue posible en el marco de sistemáticas violaciones a los derechos humanos que padecen las detenidas alojadas en esa dependencia.
 
En el habeas corpus, la CPM detalló que, al momento de la inspección, las 5 mujeres estaban encerradas en un mismo calabozo de dimensiones pequeñas sin ventanas y que dormían en el suelo por la falta de colchones. La celda tampoco tiene baño ni sanitario, por lo que deben orinar y defecar en un tacho o en bolsas plásticas. El juzgado dispuso nuevamente el desalojo y clausura del lugar ya clausurado.
 
La situación humanitaria en el encierro es crítica y, además, en el caso de los lugares que alojan mujeres las graves condiciones de detención se combinan con prácticas de violencia machista.
 
En las unidades penitenciarias la situación es también crítica. En un habeas corpus colectivo presentado por las mujeres detenidas en la UP 8 de Los Hornos, la CPM denunció la existencia de un modelo de gestión y administración del dolor que combina la práctica sistemática de la tortura con el ejercicio de una violencia patriarcal para infringir un particular sufrimiento a las detenidas, por su condición de mujer.
 
Muchas mujeres son sometidas a aislamiento extremo (24 hs en pabellones SAC) sin motivos, prohibiéndoles el acceso a la educación, el trabajo o la comunicación con el exterior.
 
Esto último, implica una particular vulneración de derechos, ya que muchas mujeres continúan desarrollando las tareas de cuidado en relación a sus hijos e hijas. La CPM observó con preocupación que, a raíz de la angustia que produce este tipo de sanciones, las detenidas llegan a recurrir a autolesiones para poder ser oídas en sus reclamos.
 
La gestión de la población de mujeres detenidas también implica un uso de la violencia sexual ejercida, fundamentalmente, a través de requisas de extrema gravedad: las  detenidas son requisadas teniendo que exhibir sus cuerpos ante otras detenidas, ante el personal médico y/o penitenciario.
Son obligadas a desnudarse por completo, para luego pasarles el escáner portátil entre las piernas, sobre la vagina y el resto del cuerpo.
 
La alimentación es escasa, en mal estado y mal cocida. A su vez, y con el único efecto de humillar a las detenidas, el SPB entrega cubiertos de manera arbitraria generando que muchas deben alimentarse con las manos.
La asistencia la salud integral es deficiente o inexistente: las mujeres son sobremedicadas sin consentimiento, se les niegan turnos en hospitales extramuros y la falta de medidas de prevención es total.
 
Junto a estas violencias, las mujeres sufren las inhumanas condiciones de detención: en las muestras de agua analizadas mediante análisis bioquímicos, se constató contaminación y presencia de materia fecal y los pabellones están invadidos por cucarachas y roedores poniendo en riesgo la salud de las detenidas.
 
En respuesta al habeas presentado, el Tribunal Oral Criminal N 2 de La Plata ordenó una pericia arquitectónica: el perito constató que el estado de las celdas de SAC es malo, que la instalación eléctrica en el interior de las celdas es deficiente y existe riesgo de accidente eléctrico. Y que las celdas no tienen vidrios ni calefacción.
 
La invisibilizacion de estas violencias, mas las acciones misóginas y patriarcales que persisten en gran parte del poder judicial,  hacen que la tortura en las cárceles de mujeres sea moneda corriente. El castigo a las mujeres busca imponer una doble sanción: la pena prevista y la sanción moral.
 
A modo de ejemplo podemos dar cuenta que todas las tareas laborales o de formaciones profesionales provistas por el SPB son relacionadas a la limpieza y la cocina, profundizando así la feminización de la pobreza. El sistema de encierro reproduce la violencia patriarcal y genera peores condiciones que las existentes para los varones.
 
La crisis humanitaria en los lugares de encierro es cada vez más profunda, pese a los anuncios nunca cumplidos de una reforma estructural que no se concretó. La vulneración de derechos de las detenidas en cárceles bonaerenses se agrava aún más por la ausencia absoluta de una perspectiva de género que atienda las demandas particulares de las mujeres.
 
(*) La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires es un organismo público extra-poderes que funciona de manera autónoma y autárquica. Fue creada por resolución legislativa 2117 de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires en julio de 1999, y ratificada por la ley 12.483 del 13 de julio de 2000 y su modificatoria, la ley 12. 611/2000.
Está integrada por referentes de organismos de derechos humanos, religiosos de distintos credos, intelectuales, funcionarios universitarios y judiciales, legisladores y sindicalistas, como expresión plural del compromiso con la memoria del terrorismo de estado y la promoción de los derechos humanos.
Mediante la Ley provincial 12.642/00 -aprobada por unanimidad- recibió el edificio en el que había funcionado durante medio siglo la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) para que establezca su sede. Junto con ese emblemático edificio, la Comisión asumió la responsabilidad de custodiar y gestionar el primer archivo de inteligencia policial desclasificado de la Argentina: el Archivo de la DIPPBA.
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