La oreja que piensa

La división de Facebook,Google y Amazon

La enorme influencia de los gigantes de las comunicaciones plantea desafíos para los gobiernos y surgen constantemente distintas propuestas para limitar su poder.

Agencia La Oreja Que Piensa. por Ricardo Porto. (*)

Hay que dividir Facebook, Google y Amazon”. Esta disruptiva propuesta no fue dicha en un seminario bolivariano. Formaba parte del programa de gobierno de Elizabeth Warren, senadora por Massachusetts y ex profesora de derecho en las universidades de Harvard, Pennsylvania y Houston cuando compitió por la Presidencia de Estados Unidos hasta principios de marzo.

La iniciativa recuerda la famosa determinación del juez Harold Green, cuando en1982 ordenó dividir AT&T en pequeñas empresas telefónicas denominadas Baby Bell, para asegurar la competencia en el ámbito de las telecomunicaciones.

En verdad, la propuesta de Warren es más audaz, ya que no sólo se preocupa por el funcionamiento de los mercados sino, fundamentalmente, por la privacidad, el pluralismo y la libertad de expresión.

La enorme influencia de los gigantes de las comunicaciones ha motivado la preocupación de varios especialistas. Jeremy Rifkin, por caso, se pregunta:

¿Qué pasaría si el conocimiento colectivo de gran parte de la historia humana estuviera controlado por el motor de búsqueda de Google?"

¿O si Facebook fuera el único supervisor de una plaza pública virtual que conectara la vida social de millones de personas?

¿O si Twitter fuera el único medio para propagar rumores? ¿O si Amazon acabara siendo el mercado virtual para todas las compras por Internet que se hicieran en el mundo?

No existe nada comparable a estos monopolios en la historia del comercio tradicional no virtual”. [1] En una orientación similar, los Relatores para la Libertad de Expresión de la ONU, OEA, Europa y Africa, el 10 de julio de 2019, publicaron la declaración conjunta denominada: “Desafíos para la Libertad de Expresión en la Próxima Década”.

El documento, básicamente, propone la creación y mantenimiento de un servicio de Internet libre, abierto e inclusivo, recomendando a los Estados reconocer el derecho al acceso y el uso de Internet como un derecho humano.

Uno de las afirmaciones más importantes de la declaración es aquella que advierte que las amenazas a la libertad de expresión y al acceso a la información pueden provenir tanto de regulaciones públicas restrictivas, como también por el abuso de poder de parte de los gigantes de la comunicación.

Por ello aconseja establecer reglas para remediar la concentración indebida de la propiedad y las prácticas que representen un abuso de la posición dominante de las empresas que proporcionan servicios de comunicación digital.

En línea con estas ideas, Observacom, entidad dedicada al estudio de las comunicaciones, junto a otras organizaciones y especialistas en la materia, difundieron un trabajo titulado “Aportes para una regulación democrática de las grandes plataformas que garanticen la libertad de expresión en Internet”.

En una reunión previa a la presentación del documento, uno de sus redactores resumió la propuesta: “Entre Silicon Valley y Pekín”, advirtiendo que había que temer tanto a la regulación pública autoritaria como a la regulación privada discrecional.

Ni Ministerios de la Verdad, ni regulación privada de contenidos. Por entonces se hacía referencia al concepto de smart regulation, una propuesta de regulación democrática, adecuada e inteligente que sea capaz de asegurar la libertad de expresión en Internet.

El tema es complejo. Se ha dicho que, si bien es cierto que Google, Amazon, Facebook y Apple (los denominados GAFA) no son países, no caben dudas que son superpotencias.

En ese marco, las decisiones que toman estas compañías en materia de libertad de expresión y acceso a la información suelen tener mayor incidencia que las leyes que dictan los países o las resoluciones emanadas de organismos internacionales tales como la ONU.

Por cierto, este tipo regulación privada de Internet genera fundadas preocupaciones. En nuestro país la regulación de las plataformas es escasa. Tiempo atrás el Senado aprobó un proyecto de ley sobre responsabilidad de intermediarios de Internet que regulaba la difusión de información a través de los buscadores.

La iniciativa receptaba los criterios de la jurisprudencia argentina, que establecían que los mismos no debían verificar los contenidos que difundían y solo debían removerlos ante un pedido judicial.

La propuesta se frustró en Diputados por la presión de los medios gráficos que, en cierto modo, pretendían instalar la denominada Tasa Google aprobada por la Unión Europea, por la cual las plataformas debían abonar por la utilización de las notas periodísticas.

Por su parte, cuando en el Congreso se debatió la reforma a la ley de financiamiento de los partidos políticos, algunas voces, recordando el célebre caso de Cambridge Analytics y Facebook en las elecciones de los Estados Unidos que proclamaron a Donald Trump, pretendieron regular las denominadas fake news.

La prudencia evitó acometer esa compleja empresa y los legisladores se limitaron, razonablemente, a exigir al Estado la realización de campañas de sensibilización sobre la necesidad de una lectura crítica de las redes.

En suma, frente al dilema regulación pública o autorregulación privada de las redes, los especialistas plantean diversos escenarios. El primero de ellos muestra que ante un gobierno autoritario queda el refugio de las empresas privadas que defienden la libertad.

En el otro extremo, frente al abuso de las multinacionales de la información se puede recurrir al Estado para evitar esos abusos. No obstante ello, el peor escenario posible tiene lugar con la connivencia público/privado.

Ello ocurre cuando los estados, a través de una regulación laxa y concesiva, favorecen la concentración empresaria y a los monopolios de la información, a cambio de contar con un tratamiento periodístico favorable.

Hiela la sangre el solo imaginar cómo sería vivir en un país que permitiera tal situación.

(*) Periodista y abogado. Especialista en aspectos jurídicos de los medios de comunicación.

[1] Rifkin, J. (2014). La sociedad del coste marginal cero. El Internet de las cosas, el procomún colaborativo y el eclipse del capitalismo. Buenos Aires. PAIDOS