GUATEMALA LUCHA CONTRA LOS RESABIOS DE LA GUERRA INTERNA

Agencia La Oreja Que Piensa. Por Anabella Almonacid Fernández (*)

No es nuevo hablar de la corrupción en América ni de cómo se instaló en las administraciones públicas de las naciones.

Sólo en Argentina tenemos un historial completo y seguimos acumulando causas contra funcionario públicos de diferentes banderas.

Sin embargo, en Guatemala, un país también marcado por años de sangre, se siente el despertar de una vanguardia moral, encabezada por organizaciones ciudadanas y legitimada por las autoridades ancestrales, que luchan contra su propia historia y por los resabios de una guerra interna cruel y despiadada.

En el último año, padecimos procesos mundiales políticos, bélicos, económicos y sociales muy complejos, con consecuencias que vamos a resistir durante los próximos 50 años.

Sólo por mencionar algunos, se puede reflexionar sobre el pueblo palestino, los migrantes hacia las fronteras estadounidenses, los refugiados de Europa, los desplazados de Colombia, los presos políticos del mundo, los niños de Yemén y Siria, los mercados financieros, los crímenes de Estado y los bloqueos económicos a Cuba y Venezuela, entre otras injusticias.

Pese a este escenario internacional, desde las entrañas de la tierra guatemalteca, el pueblo despierta de un coma profundo y se encuentra con un contexto muy parecido al que los atemorizó por tanto tiempo.

 

Ayer fueron 36 años de guerra interna y, hoy, el pulso político y judicial sigue atravesado por los mismos intereses económicos que desencadenaron aquellos hechos de sangre, que no podrían suceder sin la complicidad de un sistema cooptado por grupos de empresarios, altos mandos del Ejército, aparatos corruptores y “servidores públicos”. Es decir, los mismos de siempre también operan en Guatemala.

 

Un conflicto “diplomático” de su realidad más reciente deja en evidencia cómo los monstruos del pasado persisten en el presente. La diferencia es que el pueblo está perdiendo el miedo.

El caso se desencadenó cuando el presidente actual de la nación centroamericana, Jimmy Morales, decidió retirar la visa a once investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la presión del pueblo organizado logró revertir la medida, que “encubre la corrupción, la impunidad, el tráfico de influencias y el crimen organizado que se encuentra dentro del Gobierno y las instituciones del Estado”, denunciaron, en una carta enviada al despacho del primer mandatario, las Autoridades Ancestrales de los Pueblos Maya, Xinka y Garífuna, el Comité Campesino del Altiplano, USAC es Pueblo, Asociación de Estudiantes Universitarios, Bufete para los Pueblos Indígenas, el Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango (CCQ), entre otros movimientos sociales de igual relevancia.

 

Resulta que si estas organizaciones no hubieran actuado prontamente otra podría ser la historia, ya que el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país había dado un ultimátum de 72 horas para que los once investigadores y litigantes penales de la CICIG abandonen el territorio, revocó las visas de cortesía para permanencia y la inmunidad diplomática. Finalmente, se conoció que la Corte de Constitucionalidad suspendió la hostil medida.

La decisión del tribunal se dio por mayoría y la orden fue que a partir de la notificación, se vuelvan a extender las visas solicitadas por la CICIG, en un plazo de 12 horas.

 

 

El momento político que vive Guatemala es difícil, aunque nunca fue fácil históricamente, explicó a Resumen Tatu una fuente referente del CCQ, organización que agrupa a movimientos sociales, de mujeres, niñez y juventud, estudiantes, académicos y acompaña a la Asamblea Indígena Social y Popular de Quetzaltenango.

Después de un conflicto armado interno entre el Ejército y el Estado contra el pueblo por más de 36 años, con la consiguiente crisis social, de representación e institucional que esto genera y bien conocemos los argentinos, organizaciones como el CCQ nacen a partir de acuerdos de paz para aglutinar a la sociedad civil, quebrada hasta ese entonces.

 

“A partir de los acuerdos de paz, se establece en 2006 la Comisión Internacional contra los Cuerpos Ilegales y Aparatos de Seguridad (CICIAS), con el objetivo de desarticular los grupos ilegales enquistados en el poder del estado y esto da origen, posteriormente, a la CICIG con apoyo internacional”, describió sobre el origen de la comisión la misma fuente. La intervención de organismos internacionales y las obligaciones del Gobierno guatemalteco para “garantizar y proteger en forma eficaz la labor de los individuos y entidades defensoras de los derechos humanos” quedó materializada en el “Texto del acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional Contra La Impunidad en Guatemala (CICIG)”.

 

Parte de la coyuntura actual se destapa en 2015 cuando salen a la luz varios casos de corrupción, que involucran al mismo Jimmy Morales y grupos de poder empresariales, que siguen financiando a los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos.

Las instituciones en Guatemala son débiles y existe todo un sistema cooptado, por lo que la tarea de la CICIG es muy necesaria para esclarecer los hechos de corrupción en la administración pública y la persecución estatal sobre los líderes indígenas, que por manifestarse en contra de la instalación de una hidroeléctrica en su territorio terminaron muertos el 16 de diciembre por sicarios.

 

En sólo seis meses, el pueblo guatemalteco tendrá una nueva oportunidad democrática de elegir un representante y, en apenas unos días, anunciarán las fórmulas presidenciales y listas de candidatos a diputados y alcaldes. Guatemala está en crisis y las organizaciones en lucha.

 

(*)Periodista y fotógrafa.Responsable de Prensa y Comunicación,Propuesta Tatu