EL SISTEMA DE LA CRUELDAD, CADA VEZ MÁS.

Agencia La oreja Que Piensa.
La mesa que presentó los datos del XI Sistema de la crueldad estuvo integrada por los presidentes de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendibil, su secretario coordinador de la mesa ejecutiva Roberto Cipriano García, la integrante del organismo y madre de Plaza de Mayo—Línea Fundadora Nora Cortiñas, y Cristina Gramajo y Silvia Rosito, madres de dos de los siete jóvenes muertos el 2 de marzo pasado en la Masacre de Magdalena.
 
La mesa fue coordinada por la directora general de la CPM Sandra Raggio. El vicepresidente Mauricio Tenembaum y los miembros Susana Méndez, Yamila Zavala Rodríguez, Víctor De Gennaro y Ernesto Alonso también acompañaron la presentación desde el escenario.
 
“Hace 15 años, la CPM creó el Comité contra la tortura porque entendimos que la memoria tenía que vincularse con la defensa de los derechos humanos hoy. Cada informe tiene ese compromiso y está construido con el trabajo en el territorio y con la voz y la verdad de las víctimas de este sistema penal”, mencionó Sandra Raggio al abrir la mesa de presentación.
A diciembre de 2016 había 38.681 personas encarceladas en la Provincia; siete meses después, ese número asciende a 41.729. La tasa de prisionización de 245 detenidos cada 100.000 personas, es la más alta de los últimos 20 años y supera la tasa nacional de 169 cada 100.000 y la tasa mundial de 144 detenidos cada 100.000 personas.
 
En las unidades penitenciarias, la sobrepoblación en el SPB alcanzó el 73,5%, seis puntos más que en 2015.
A su vez, el sobre-encarcelamiento alcanzó su máxima expresión en las comisarías. En las 432 dependencias policiales que existen actualmente hay 3.010 detenidos, de los cuales sólo 1.039 tienen camastro. Es decir que dos de cada tres personas duermen sin cama o colchón. La expresión más grave de este deterioro institucional tuvo lugar el pasado 2 de marzo cuando siete jóvenes murieron asfixiados y quemados en la Comisaría 1ª de Pergamino.
 
“El testimonio de los sobrevivientes desmintieron desde el primer momento la versión de la Masacre de Pergamino que quiso imponer la Policía. “Los seis agentes policiales desoyeron los llamados de auxilio.
Pudieron evitar o apagar el fuego pero no lo hicieron”, señaló Cristina Gramajo. “La comisaría 1ª de Pergamino tiene historia: allí operó un CCD durante la última dictadura militar; esta historia de 41 años atrás siguió ocurriendo en silencio. En la masacre del 2 de marzo, el Estado volvió a actuar de manera brutal”, agregó Silvia Rosito.
 
En esa línea, el secretario de la CPM Roberto Cipriano García señaló: “El Estado repite viejos crímenes y violaciones a los derechos humanos sin ninguna repercusión para la gestión.
Hoy se está juzgando, 12 años después, un hecho de similares características ocurrido en 2005 en la unidad 28 de Magdalena donde murieron 33 pibes sin consecuencias para los funcionarios políticos. La justicia no puede convalidar estas violaciones a los derechos humanos no sólo porque estos hechos no deben quedar impunes sino porque, mientras no existan condenas, estos hechos seguirán ocurriendo”.
Durante el 2016, la CPM registró 16.403 hechos de tortura y/o malos tratos, padecidos por 3.054 víctimas, es decir un promedio de cinco por víctimas.
 
“El superpoblación, hacinamiento y la práctica sistemática de la tortura se administran como una forma de gobierno del Servicio Penitenciario Bonaerense en las cárceles; en ese sentido, la anunciada reforma penitenciaria no dice cómo va a revertir el sobre-encarcelamiento ni cómo prevenir la tortura”, concluyó Cipriano García.
En este último año también se registraron 385 muertes de personas bajo custodia del estado o víctimas del uso letal de la fuerza pública: 156 de esas muertes fueron en cárceles; es decir, más de 13 muertes por mes; más de 3 muertes por semana. Además: 12 personas murieron en comisarías; 107 en neuropsiquiátricos; 1 en centros de menores; 109 asesinados por agentes de fuerzas de seguridad y el 20% de esos muertos eran niños o adolescentes.
 
El Informe XI del sistema de la crueldad muestra una vez más lo que pasa en las opacidades de un sistema penal que oculta la muerte, la tortura y el abandono de miles de personas y sus familias. Y es, fundamentalmente, un aporte para la necesaria transformación del sistema penal y la democratización de las fuerzas de seguridad y penitenciarias.
 
“A pesar del reconocimiento que se hizo de esta crítica situación por parte de la nueva gestión, la primera respuesta fue la consolidación de las políticas represivas: las emergencias en seguridad sólo sirven para profundizar la crisis que dice atacar y para que las fuerzas policiales actúen sin la intervención de la justicia”, concluyó Roberto Cipriano García.
 
En ese marco, la CPM vuelve a reiterar la necesidad de avanzar en reformas estructurales claves para comenzar a desmontar este sistema penal que viola los derechos humanos: la policía judicial (ley 14.424, pendiente desde el 2012), las fiscalías especializadas para la investigación de la violencia institucional (ley 14.687, pendiente desde el 2014), la autonomía de la defensa pública (ley 14.442, pendiente desde el 2012) y, finalmente, la implementación legal y reconocimiento de la CPM como mecanismo provincial de prevención de la tortura, que implica avanzar en el proyecto de ley que ya fue aprobado por unanimidad por todos los bloques de la comisión de Derechos Humanos del Senado provincial.